Jose Fco. Peña Guaba. Presidente del Bloque Institucional Socialdemocrata (BIS)
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Santo Domingo, 01 de julio 2020
Fiesta del Covid-19 y desastre electoral: decenas de delegados políticos apiñados en espacios reducidos durante la elección

Por: José Francisco Peña Guaba

La Junta Central Electoral (JCE) tiene en funcionamiento casi dos decenas de miles de colegios electorales. De hecho, el primer corte del padrón se calculó la necesidad de aperturar colegios electorales para 7, 442,416 votantes, de manera que a un tope de 600 electores por colegio, se instaurarían 16,493. Al último corte del padrón, el número total de electores subió un poco más de lo previsto, si bien la abstención electoral –que tradicionalmente alcanza 30% de la asistencia– puede jugar a favor de la reducción de votantes en las mesas electorales.

En consonancia con el distanciamiento social que obligatoriamente debe imperar durante las elecciones, la JCE emitió su resolución número 56-2020, en la que, haciendo uso de su poder administrativo sobre el proceso electoral y preservando el derecho a la salud de los electores, estableció que sólo admitiría un delegado y un suplente por cada alianza de partidos en el nivel presidencial (donde concurren 6 partidos). Para no perjudicar a los demás partidos –dado que el delegado lo designa el partido que personifica la alianza–, se admitió que, siendo las alianzas de carácter parcial, o sea, en algunas demarcaciones, entonces que esos partidos presentaran delegado y suplente en los lugares donde no iban aliados.

Rápidamente un partido aliado al Revolucionario Moderno exigió que los delegados había que designarlos uno por nivel de elección. El Tribunal Superior Electoral accedió a esa petición mediante su sentencia número TSE-681-2020. En definitiva, donde la JCE quería un delegado, ahora se han autorizado 3, cada uno con su suplente. Designar 3 delegados por colegio, por partido y por nivel determina que en cada colegio habrá por lo menos 18 personas. Pero a esos deben sumarse los miembros del colegio (5), para subir a 23 personas, más los elementos militares y policiales de seguridad, el apoyo para traslado de valijas de los recintos a las juntas municipales, los facilitadores de los centros, el personal técnico requerido para mantener en funcionamiento los equipos, en fin, puede aceptarse, en términos conservadores, 35 personas por colegio. ¡Eso suma 577,255 personas!

Y eso representa un verdadero desastre por razones fácilmente entendibles. En todo el país los colegios electorales funcionan en aulas, no siempre separadas sino incluso varios colegios en una misma aula. Se trata de recintos educativos preparados para un máximo de 40-50 personas por aula, de manera que ni siquiera cabe imaginarse cómo podrá haber alguna clase de distanciamiento social durante las elecciones.

Millones de personas acudirán a los recintos electorales. Proteger su derecho a la salud resulta prioritario pero hasta ahora, no parece que tras la sentencia del Tribunal Superior sobre la cantidad de delegados por mesa la JCE se encuentre en capacidad de desempeñar un rol administrativo positivo del proceso, frente a la posibilidad de contagio.

El problema de los delegados por mesa también genera otro problema potencialmente gravísimo: dado que los delegados y suplentes deben registrarse para poder ejercer sus funciones en el Colegio Electoral, resultará que decenas de personas tratando de registrarse a las 6:30 de la mañana sin duda van a provocar que las votaciones, que por ley deben comenzar a las 7 en punto, no comenzarán a esa hora.

Además, una de las causas de anulación de las actas de votación es, de acuerdo a la Resolución 047-2020 de la JCE, que esté firmada por delegados a quienes no correspondía trabajar en ese colegio. Por tanto, en realidad se ha abierto un mecanismo de anulación de las actas electorales y con ello, un potencialmente gravísimo problema práctico y jurídico que redundará en exceso de trabajo procesal por parte del Tribunal Superior Electoral y de la misma JCE.

La aglomeración de personas al inicio de las votaciones, la crispación de ánimos resultantes de una campaña tan agitada y la escasez de personal de seguridad es susceptible de crear nuevos inconvenientes y problemas al proceso de votación. Con tantas personas tratando de registrarse para trabajar en los colegios electorales, con derecho o sin él y ante las limitaciones de las fuerzas de seguridad, desde el mismo inicio del proceso pueden crearse situaciones de discordia que den al traste con el proceso.

La JCE es la institución que debe administrar el proceso y, si bien hay una disposición legal que autoriza la presencia de delegados supernumerarios y excesivos en los colegios electorales, en lo que esa disposición es resuelta por el Congreso Nacional muy bien haría el Ministerio de Salud Pública en recomendar, dado el estado de epidemia nacional, que se limite la cantidad de delegados en los colegios electorales.

Sin embargo, donde se debe incrementar el número de personas… no se ha designado a nadie, absolutamente a nadie. Es el caso de los representantes del Ministerio Público Electoral, que no tienen observadores en los colegios ni en las afueras de los recintos, donde se cometen todo tipo de tropelías (compra del voto, soborno del elector, compra de cédulas y otros delitos) que quedarán, como siempre, impunes. Así las cosas, en vez de designar estudiantes de Derecho para que actúen como auxiliares del Ministerio Público Electoral, porque no hay nadie desempeñando esas funciones, en vez de realizar esas acciones positivas lo que se pretende es incrementar el número de delegados, suplentes y observadores en los colegios, aunque no sea imprescindible.

Se debe reducir el número de delegados a límites manejables, no para beneficio de un partido sino para mantener dentro de un rango aceptable la cantidad de personas en los colegios electorales, lo que contribuye con el necesario distanciamiento social durante las votaciones. Lo contrario es aceptar que el Covid-19 estará de fiesta durante el proceso comicial del 5 de julio, contagiando a diestra y siniestra a los electores que sólo tratan de cumplir con su derecho y deber como ciudadanos.

Asimismo, permanecer impasibles ante lo que se avecina es provocar el desastre, enfermar a personas que van a interactuar en los colegios desde las 6 de la mañana hasta entrada la noche, en ambientes cerrados y congestionados. No se trata solamente de la salud de todos, sino de prevenir hechos lamentables que puedan afectar el proceso del 5 de julio… y el del 26 de julio también.

JFPG- Dan/sfd

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