Informe Especial sobre las elecciones “Las elecciones más caras de la historia, en medio de una pandemia, que amenaza la existencia de los partidos”

José Frank Peña Guaba , el gran armador en la politica dominicana, ha remitido a sinfronterasdigital.com un informe especial, producido por el Observatorio Electoral Dominicano (OBSEDO), dependiente del Foro Permanente de Partidos Politicos de la República Dominicana, que por su trascendencia reproducimos íntegramne:

“Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana
Observatorio Electoral Dominicano (OBSEDO)

INFORME ESPECIAL:
Las elecciones más caras de la historia, en medio de una pandemia, que amenaza la existencia de los partidos
La celebración y regular conclusión del proceso electoral de 2020 –incluyendo las elecciones de los niveles presidencial, senatorial, de diputados y municipal–ofrece singulares conclusiones, relacionadas con las circunstancias generales en las que se realizaron pero, de manera preocupante para los partidos, que escapan a situaciones coyunturales. Se consideran aquí 4 aspectos específicos, a saber:
 Campaña electoral inequitativa,
 Elecciones separadas,
 Aspectos relativos al procedimiento electoral (mesas de corrección y validación de resultados, grabación y automatización del escrutinio, representación electoral y personificación o encabezamiento de boletas) y
 El tamaño de las circunscripciones electorales, el método de D´Hondt y el voto preferencial
 Financiamiento equitativo de los partidos.

1- Campaña electoral inequitativa. La campaña electoral 2020 evidencia la reiteración de defectos intrínsecos del modelo normativo, que es altamente ineficiente para generar espacios de participación y competición local y nacional entre partidos y candidatos.

Por definición, las campañas electorales se suponen la realización de esfuerzos competitivos desarrollados por partidos y candidatos, para ganar el respaldo popular. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, las campañas electorales, en general y las campañas desarrolladas durante 2020, en particular, se realizaron en espacios altamente restringidos y con inactividad o parcialización notoria de las instituciones electorales frente al alto nivel de uso del gasto público en que incurrió el oficialismo. En el nivel más básico, la campaña electoral de 2020 se desarrolló en un entorno cerrado, asfixiante, regulado por las leyes especiales del estado de emergencia en el cual ni candidatos ni partidos pudieron desplegarse sobre el terreno, ni convencer a los electores sobre la base del carisma y las propuestas de solución a los problemas, cuando menos no de forma presencial. No pudieron hacerlo ni los candidatos ni los partidos de oposición, porque en cuanto al oficialismo, resultó todo lo contrario. De manera principal los problemas detectados fueron: uso y abuso de los recursos del Estado, participación de funcionarios públicos en campaña.

En cuanto al Uso y abuso de los recursos del Estado. La campaña electoral ha puesto de relieve las deficiencias del modelo normativo creado por las Leyes Electoral y de Partidos, estrictamente en relación con la inequidad electoral generada por el dominio monopólico de los medios de comunicación social, por el uso y abuso de recursos estatales de todo tipo, incluyendo la franca explotación de ayudas y programas sociales y donaciones internacionales en beneficio de candidatos determinados.

En cuanto a la compra de votos. Fue reportada por los observadores de la Organización de Estados Americanos y por la organización Participación Ciudadana. Lo que esas organizaciones denuncian no se llama ya compra de votos sino soborno de los electores, ilícito penal previsto y sancionado por el artículo 282 numeral 6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral #15-19, de febrero de 2019.

Este tipo de prácticas se realizó contra electores a quienes se había encerrado en sus casas, para todos los efectos prácticas, contra quienes probablemente tenían miedo a contagiarse de Covid-19, que perdieron sus empleos o vieron disminuir ostensiblemente sus posibilidades de realizar actividades económicas.

En este punto, es importante retener que el oficialismo introdujo una variante asombrosa, altamente comprometedora para los intereses de todos los partidos excepto la mayoría que se encuentre en el poder: en vez de repartir dinero según el que podría definirse como “método tradicional” (establecer puntos de compra de votos en las cercanías de los recintos), en las elecciones del 5 de julio claramente la decisión política fue la del macro-soborno electoral.

Un soborno electoral masivo y de carácter nacional, en virtud del cual durante los días previos a la elección se utilizaron miles de millones de pesos, todavía no cuantificados debidamente, realizando depósitos personales a centenares de miles de votantes, bajo la excusa de ayuda estatal por la pandemia de Covid-19.

No importa que el soborno electoral masivo haya fracasado, puesto que las razones no se encuentran necesariamente en la ingratitud de los electores sino en el manejo altamente burocratizado de esas ayudas, que incide o puede incidir en la cantidad real de beneficiarios.

Lo importante es que la práctica demostró que puede realizarse. En consecuencia, a la vista de que puede tener otros efectos electorales, a todos los partidos del sistema les resulta de importancia vital lograr que los programas sociales gubernamentales se entreguen mediante ley, con carácter fijo, preferiblemente con asignación a la cédula de identidad y electoral o con depósito a cuenta bancaria directa a favor del beneficiario.

2- Participación de los funcionarios públicos en la campaña. Efectos adversos para el oficialismo
Al uso y abuso de los recursos del Estado en la campaña se unió la participación descarada de funcionarios públicos en campaña.

No sirvió prácticamente de nada, a la luz de los todavía pendientes resultados electorales, pues la oposición logró arrebatar al oficialismo la mayoría de las posiciones representativas, en todo el país, en todas las demarcaciones, incluso en las más pobres (que se suponía iban a ser las más impactadas por las políticas gubernamentales).

 Si se consideran las provincias más pobres la situación electoral es la siguiente: a nivel de diputados, empate en Elías Piña, El Seibo, Bahoruco y San Juan de la Maguana y ventaja para la oposición en Monte Plata.
 Si se consideran los senadores, en general ventaja para la oposición, 25 a 7. En las cinco provincias más pobres, ventaja para la oposición 3 a 2.

A pesar del supuesto financiamiento directo a los electores bajo el subterfugio de la pandemia de Covid-19 –de efectos políticos claramente sobredimensionados por el oficialismo–, como también a despecho de la participación de funcionarios públicos en campaña, resultó que, en realidad, las previsiones electorales se cumplieron al pie de la letra: en las elecciones municipales el oficialismo marcó en su boleta 33.81% de la votación (subió a 40.49% con la votación de sus aliados).

Se trataba de unas elecciones locales, en las que el PLD había obtenido alrededor de 35% en las elecciones de 2016. Pero el nivel total de votos en su recuadro bajó a menos 1 millón 200 mil votos. En las presidenciales el porcentaje de votos en su recuadro volvió a caer, esta vez a 32.67% aunque los votos totales subieron a poco menos de 1 millón 400 mil votos. De manera que ni la inversión ni la participación de funcionarios públicos en campaña tuvieron efecto electoral positivo para el oficialismo.

3- Inoperancia absoluta de las instituciones regulatorias durante y después de finalizada la campaña electoral. Que la campaña se desarrollara en ambientes cerrados, sin posibilidad de ejercicio de derechos de participación de los partidos y sus candidatos… excepto del oficialismo, ayudó muy poco o nada, como se ha visto.

No obstante, puso en evidencia la inoperancia absoluta de las instituciones de control creadas precisamente para construir campañas electorales equitativas. Respecto de la JCE, durante toda la campaña no se produjo ni siquiera una amonestación por uso indebido de recursos del Estado en campaña.

A ningún funcionario público se le exigió ni siquiera el recato de no actuar a favor de un partido desde una posición pública, una actividad sancionada por la ley. Incluso el Presidente de la República hizo campaña electoral. La Junta Central Electoral permaneció en total y absoluto silencio, mientras los recursos del Estado se usaban sin control y la violación de todo tipo de leyes se cometía a plena luz, sin sanción de ninguna clase.

El ministerio público electoral, gran ausente en los colegios electorales. Es necesario promover la “integridad electoral”, la credibilidad institucional y personal de la JCE y el TSE. La integridad electoral es el conjunto de principios y normas internacionales acordados sobre las elecciones, que tienen carácter universal y se aplican a todos los países del mundo durante el ciclo electoral, incluido el período preelectoral, la campaña, el día de la votación, y tras la celebración de los comicios. Está ligada estrechamente a la responsabilidad y la rectitud moral de los diversos actores políticos, funcionarios electorales y personas influyentes en la opinión pública que colaboran para lograr unas elecciones libres y justas.

En general, los principios éticos fundamentales y los valores relativos a la democracia electoral se garantizan a través de diversos ordenamientos jurídicos, por lo que las infracciones pueden acarrear responsabilidades. Sin embargo, existen otros valores y principios éticos que, aunque la ley no los prescriba, han gobernado —o deberían haberlo hecho— los procesos de transición y consolidación democrática.

Sin representantes en los recintos Del Ministerio Público electoral no se deben volver a hacer unas elecciones. Se considera que la participación de personal voluntario, preferiblemente estudiantes universitarios, es una medida importante que influirá en la disminución de los delitos electorales.

Durante el día de la campaña, el Ministerio Público Electoral estuvo totalmente ausente en los recintos y colegios electorales. Ni siquiera utilizaron a sus fiscales para inspeccionar los recintos, ni pidieron soporte de las Universidades para que estudiantes de Derecho fungieran como ayudantes del Ministerio Público reportando anomalías durante la votación.
Nada. El Ministerio Público Electoral no asumió ninguna responsabilidad en el proceso electoral. De ahí que equipos de observadores internacionales reportaran la compra de votos en todo el país, sin que se conozcan ni acciones ni sanciones contra nadie.

Los integrantes de la Junta Central Electoral como del Ministerio Público Electoral tienen que ser y parecer serios, según el adagio romano. Su idoneidad no puede consistir en quedarse al margen del proceso. Deben encontrar la fórmula adecuada para el logro de la representación política obtenida en buena lid, esto es, peleada con igualdad de recursos, en un torneo electoral libre en el que los competidores tengan todos oportunidades reales de ganar, dirigido por autoridades que aseguren la fiel asignación del voto a quien el votante quiso darlo. La representatividad ilegítima genera indignaciones que en un momento cualquiera, se tornan rebeliones.

4- Las elecciones separadas no ofrecen absolutamente ningún beneficio al país.
La separación de las elecciones aparece como un particular logro de la reforma constitucional de 1994, que ha sobrevivido en varios formatos y que actualmente se encuentra consagrada por el artículo 209 de la Carta Magna.

Se supone que las elecciones municipales separadas ayudan a que la elección municipal no sea influida de ninguna manera por la preferencia presidencial. De esta forma se impide, idealmente al menos, que los representantes municipales sean “arrastrados” por la intención de voto presidencial. Actualmente este criterio carece de validez puesto que la ley contempla 4 niveles de elección separados, entre los que no hay arrastre. El costo de las elecciones municipales es un elemento que no puede desecharse bajo el criterio de que “la democracia cuesta y hay que pagarla” o de que el dinero gastado en las elecciones termina beneficiando el ciclo económico. Para nada. El gasto en las elecciones municipales es similar al de las restantes 3 niveles en términos de aprovisionamiento presupuestario. Excepto por el tema de la complejidad de la votación (de unirlas, se requerirían 5 boletas), no parece que ningún otro criterio justifique la separación de las elecciones, ni siquiera el argumento según el cual las elecciones separadas apoyan la descentralización política. En la práctica, el corto período de tres meses entre una y otra elección no tiene otra utilidad que la de fijar un patrón de votación a favor o en contra de alguien. De allí que no tiene objeto alguno celebrar elecciones separadas.

5- Necesidad de acortar el calendario electoral para evitar dos años de elecciones continuas. De lo dicho resulta que, hasta ahora la separación de las elecciones sólo ha significado multiplicar la campaña electoral, que en realidad comienza a principios del año anterior a las elecciones.

En efecto, desde los primeros meses del año anterior a las elecciones los partidos deben comenzar a seleccionar precandidatos, a prepararse para celebrar procesos internos que suponen competencia electoral, a plantearse la realización de pactos de alianza y coalición con otros partidos, etcétera.

Esa intensa labor de los partidos no puede ni va a quedar nunca encerrada tras cuatro paredes. Los precandidatos van a las calles, a movilizar sus seguidores, a contactar a los dirigentes, a organizar grupos de trabajo. Para ello, les resultará necesario hacer afiches, repartir volantes… en fin, tienen que desplegar acciones de campaña electoral.

El resultado es que el país completo vive una efervescencia electoral que abarcará 1 año y medio como mínimo, desde principios del año anterior a la elección hasta mayo del año electoral, si no hay retrasos como hubo en el proceso actual. La experiencia actual fue de 2 elecciones suspendidas, con campañas electorales internas y externas que comenzaron en febrero-marzo de 2019. Eso es inaguantable para el presupuesto de los partidos e inaceptable para la comunidad política. El calendario electoral debe ser reorganizado, de manera que todos los procesos previos de selección de candidatos puedan realizarse en el menor tiempo posible.

6- En cuanto a la organización electoral propiamente dicha: mesas de corrección y validación de resultados, grabación y automatización del escrutinio, representación y alianzas.

– Las mesas de corrección y validación de resultados en las juntas electorales municipales. Mediante sus resoluciones 26-2020, primero y luego mediante la #47-2020 del 15 de mayo de 2020 la Junta Central Electoral puso en vigor las reglas de procedimiento sobre el cómputo electoral en las juntas electorales, que incluyen la creación de las llamadas “mesas de corrección y validación de resultados”. Las atribuciones de estas mesas de corrección y validación de resultados incluyen reglas sobre la disponibilidad de relaciones de votación, exclusión automática de relaciones de votación con descuadres, el procedimiento de corrección de actas con descuadre y el procesamiento de votos nulos y observados.

Ese conjunto de atribuciones es de crucial y vital importancia para el resultado electoral municipal. Y es precisamente aquí, ante las mesas de corrección y validación de resultados que los partidos carecen de observadores y delegados especializados para informar oportuna y debidamente a los delegados políticos ante las Juntas Electorales, sobre aspectos tan determinantes como la selección de actas supuesta o realmente descuadradas y los procesos de corrección de esas actas.

Fieles a la tradición, los partidos continuaron creyendo que el resultado de las elecciones se decidía en los colegios electorales. Pero la experiencia de demarcaciones como el Distrito Nacional evidencian la importancia de que los partidos capaciten a su personal ante los colegios… pero también, y con mucho énfasis, en las Juntas Electorales municipales.

Este proceso de capacitación no puede permanecer como una actividad coyuntural: es necesario dar forma final al Instituto de Formación Política y Administración Pública (INFOPAP), ponerlo en funcionamiento con un programa en línea de capacitación aprobada por los presidentes de los partidos, para dirigentes locales con responsabilidades políticas definidas.

El costo de esa actividad tiene que ser asumido por varios partidos a la vez, mediante cuotas predeterminadas por presupuesto operativo y cantidad de dirigentes destinados a formación.

– Grabación y Automatización del escrutinio. Una de las demandas más insistentes de los partidos y más rápidamente respondidas por la Junta Central Electoral fue la grabación del escrutinio.

Pero la grabación del escrutinio, por sí sola, no resuelve ningún problema: si no se cuenta con un sistema de respaldo y consulta oficial, de nada valen las grabaciones que puedan hacer los partidos mediante la figura del Observador de Escrutinio.

Si bien es una figura que soporta la transparencia del proceso en las mesas electorales, ha surgido un elemento de profunda preocupación en estas elecciones: el escrutinio se convirtió en un desastre, al menos en algunas de las Juntas Electorales municipales más importantes del país.

Resulta perentorio abrir un proceso permanente de capacitación del personal de las mesas electorales, como de verificación de su aptitud para desempeñar una posición de tal relevancia como la de presidir o trabajar en un colegio electoral. No se trata de capacitaciones esporádicas sino de un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo, para educar y mantener como personal de confianza a todas las personas que vayan a trabajar en los recintos electorales, desde los facilitadores a los integrantes de los colegios.

Sobre todo, es necesario encontrar alguna fórmula de automatización del escrutinio que resulte confiable para todos o la mayoría de los partidos, visto que si el escrutinio no es automatizado se generan situaciones de descuadre de actas que, en el proceso actual, generaron un desastre potencial impidiendo que una semana después del proceso, todavía se desconozcan los ganadores a diputaciones en demarcaciones como el Distrito Nacional, tan inmensamente importante en términos electorales.

– La representación en las mesas electorales y ante la Junta Central Electoral. Los partidos que concurren aliados carecen de representación en las mesas electorales no tienen personal que pueda defender sus votos y, como rige el principio de que “acta mata voto”, extraoficial pero nefasto, entonces resulta que los partidos representados en la mesa redistribuyen el voto como mejor les conviene.

Parte importante del problema lo genera la misma Ley Electoral, que mantiene el sistema de exclusión de delegados de los partidos aliados. La norma determina que toda alianza o coalición de partidos supone, dada la postulación de candidatos comunes, que todos los aliados forman “una sola entidad, con una representación común, igual a la de los otros partidos o alianzas de partidos, en las juntas electorales y colegios electorales.”

En realidad, nada impide y todo aconseja que todos los partidos, incluso los que concurren aliados, tengan representación en las juntas y colegios electorales. Pueden tenerla tanto como el partido que personifica la alianza, sin necesidad de mayores adecuaciones en las juntas ni colegios. Esto así porque la representación en las mesas electorales y ante las Juntas Electorales Municipales se ha revelado como el talón de Aquiles del proceso electoral.

– Las alianzas y la promoción del candidato del partido que la encabeza. En estrecha relación con los inconvenientes que suscitan las alianzas a los partidos minoritarios, se sitúa el problema de la promoción del candidato que encabeza la alianza.

Las campañas de los partidos que encabezan las alianzas son sólo de llevar a sus votantes a ejercer el voto por el partido principal. Toda forma de educación del voto realizada en ese contexto siempre insta al votante a ejercer el voto a favor del candidato y el partido que encabezan la alianza, y se instruye a los electores a que voten doble para que al hacerlo el voto se compute a su favor, no a favor del partido aliado.

Los candidatos presidenciales de alianzas suelen hacer llamados a toda la militancia, de su partido y de los aliados, para que voten por ellos en el recuadro del partido que encabeza la alianza.

Se olvidan de que son candidatos de alianza de partidos, y con esa práctica – que constituye “una orden” para los militantes de partidos pequeños aliados– terminan apropiándose de miles de votos que se hubieran expresado por el partido aliado minoritario, restándole posibilidades de alcanzar o sobrepasar el umbral de personería requerido por la norma.

En este sentido vale retener que los electores de los partidos aliados constituyen un “voto blando”, toda vez que su certeza es que ganará el candidato del partido que encabeza la alianza, que es a fin de cuentas quien va a gobernar. Asimismo, es constante y fácilmente verificable cómo los partidos que encabezan alianzas no solamente inducen a los electores a votar por el candidato, o a votar en doble rayado, sino también se dan a la tarea de cazar a los dirigentes de los partidos aliados u organizaciones pequeñas, ejerciendo todo tipo de acciones y presiones. Estas prácticas son más frecuentes en el caso de las diputaciones, que al ser de tipo preferencial exigen recabar la mayor votación posible porque no gana el candidato más votado, sino el candidato más votado del partido más votado.

7- El tamaño de las circunscripciones electorales, el método de D´Hondt y el voto preferencial
Circunscripciones electorales pequeñas. El modelo electoral dominicano se basa en circunscripciones electorales pequeñas. Al ser pequeñas –en términos de escaños a repartir– los partidos minoritarios tienen menores probabilidades de obtener representantes. En este sentido, se tiene que:

• 12 provincias y 2 circunscripciones tienen solamente 2 diputados;
• 7 provincias y 2 circunscripciones tienen de 3 diputados;
• De 26 provincias que no están divididas en circunscripciones, 19 tienen 3 diputados o menos;
• Sólo 3 de 26 provincias no divididas en circunscripciones tienen 5 diputados (Duarte, La Altagracia y San Pedro);
• De las 19 circunscripciones actuales, 4 tienen 3 diputados o menos (Constanza-Jarabacoa, Altamira, Cambita, Bajos de Haina)

– Efectos electorales de las circunscripciones pequeñas: el sistema no le confiere oportunidades de competición electoral a los partidos minoritarios. Los datos emitidos hasta ahora por la Junta Central Electoral justifican nuestra aprensión acerca del tamaño de las circunscripciones electorales, pues hasta ahora se tiene que las dos primeras mayorías se apropiaron de 164 de 178 diputados (92%), nivel de elección donde la concentración del voto en las dos primeras mayorías resulta aplastante. Pero también concentraron más del 80% del voto presidencial y otro 90%, aproximadamente, del voto senatorial.

Numéricamente no existen posibilidades de que los partidos del sistema puedan sobrevivir a la próxima elección, siempre que no se les retire la personería jurídica entre febrero y marzo, cuando la Junta Central Electoral definitivamente establecerá el orden de los partidos en la boleta y su participación en la contribución económica del Estado, si esa decisión no se produce antes.

Resulta perentorio para todos los partidos lograr que la sumatoria de votos se realice de manera tal que, al promedio de la elección del 5 de julio se le sume el promedio de la elección municipal. La sumatoria de promedios en los dos procesos electorales se presenta como el mecanismo inmediato de sostenimiento de la personería jurídica de los partidos, así como el logro de un posicionamiento que les permita a acceder a una parte relevante del financiamiento público.

– Efecto combinado del voto preferencial en circunscripciones pequeñas. Un segundo elemento que tiende a obliterar a los partidos minoritarios o emergentes, a condenarlos a la falta de representación, lo es el voto preferencial.La regla de candidato más votado del partido más votado, impuesta por el sistema de cómputo electoral, termina por matar toda posibilidad de los partidos minoritarios de ganar diputaciones.

Ejemplos sobran, incluso de candidatos que siendo los más votados no son diputados electos porque el voto del partido arrastró a otros candidatos aliados. La selección del diputado vía voto preferencial es nefasta para los partidos aliados: no pueden sacar diputados aunque sobrepasen en votos a los candidatos del partido que encabeza la alianza y de hecho, en las elecciones de 2016 se comprobó en reiterados casos que la mayoría de los aliados ganadores fueron arrastrados por quienes encabezaron la alianza, esto es, el partido que encabezó la alianza se hizo con todas las posiciones disponibles y solamente cuando sobraron votos entraron los candidatos de las alianzas. A partir de estas realidades se generan al menos 3 situaciones de gravísima relevancia tanto para la democracia como para el sistema de partidos.

– El sistema preferencial solo hace más costoso el proceso y le quita autoridad a los órganos constitucionales de representación popular. Incrementa el costo de las campañas porque cada candidato, incluso provoca una doble exposición o competición, primero interna y luego externa. Asimismo, genera y mantiene un clientelismo nefasto, en el que los electores solamente votan por quien les pague. Esto genera un alto costo para la gobernabilidad municipal.

Ahora con la doble exposición a que se someterán estos funcionarios municipales con la implementación del voto preferencial, aumentarán los compromisos clientelares y, por vías consecuencias, mayores niveles de presión para las alcaldías municipales. Este mismo efecto se reproduce en cuanto al voto preferencial de diputados, porque el gasto es incluso mucho mayor que para obtener una regiduría o vocalía.

– Es indiscutible que el Sistema de Voto Preferencial privilegia el dinero ganado con facilidad. También estimula a los detentadores de estos capitales a interesarse por la actividad política, en la mayoría de los casos para blanquear sus opulentas arcas, y en ocasiones para blindarse en el ejercicio de actividades contrarias a la ley, a la moral y las buenas costumbres. Los recursos producto del trabajo legal y del esfuerzo moral no pueden competir con el dinero de estos sectores en procura de la consecución de una curul. Esto genera el riesgo consiguiente de que mafias organizadas en actividades criminales terminen infiltrando los órganos legislativos, con el peligro, inclusive, de comprometer internacionalmente la soberanía del Estado, debido al carácter oficial que revestirían, desde esos puestos públicos, sus actividades criminales.

– Las inversiones realizadas convierten los órganos representativos en un mercado persa, donde no se podrán lograr resoluciones o leyes gratuitas, puesto que los ganadores tienen que sacar lo invertido en la campaña. Hay que disponer de recursos millonarios para competir. Y es seguro que va a ocurrir lo que ahora ocurre en el nivel congresual; donde la posibilidad de conquistar un escaño parece ser proporcional, en principio, al dinero que el candidato lleva en la bolsa. Porque el voto, en esta hipertrofiada cultura político-clientelar, va a un mercado regido por la ley de la libre oferta y la demanda. Los ejemplos sobran respecto de que el dinero, en la mayoría de los casos, es más incidente que el liderazgo, principalmente entre el electorado más carenciado, que lo es la inmensa mayoría. Como se debe disponer de recursos para competir, entonces lo primero es obtener esos recursos, luego se verá de dónde se reponen… ¡y seguramente será del erario público!

– Representantes de calidad. Si queremos tener gente correcta y seria los ayuntamientos y el Congreso Nacional, debería regenerarse el sistema de lista modificado, para complementarlo con las ventajas que tenga el voto preferencial. En este sentido, deberían seleccionarse los regidores, vocales, alcaldes y directores como también los diputados, que son las candidaturas plurinominales del sistema, utilizando un sistema mixto, preferencial y de lista.

– Sistema mixto, preferencial y de lista. Al utilizar un sistema preferencial y de lista, divididos al 50% de representación, los partidos podrían ahorrar presupuesto en los procesos de campaña, al igual que los candidatos.

Asimismo, con simples correcciones de la Ley Electoral y de Partidos, los candidatos serían agrupados de dos maneras: los que ganen procesos internos, que van a primarias o métodos de elección, junto a otro grupo seleccionado con mecanismos democráticos que formen una lista de candidatos elegibles por el orden de la posición en que sean ofertados al electorado. Con eso se evita que cuando menos la mitad de los candidatos pueda estar representada por técnicos, expertos, líderes gestores culturales locales y candidatos que no tienen dinero para competir.

8- Inexistencia de servidumbres radial y de espacios públicos para colocación de propaganda
Los partidos con pocos recursos no pueden competir, no pueden presentar ofertas de sus candidatos ni ofrecer al elector el programa que se pretende desarrollar ni los compromisos que se pretenden asumir debido al costo extraordinario de la publicidad de campaña.

En varias ocasiones el FOPPPREDOM ha solicitado la estandarización de tarifas para que todos puedan colocar promoción electoral. El incremento de la cantidad podría incluso incrementar el total de recaudaciones, haciéndolas asequibles para todos, a precio justo.

De hecho, los partidos minoritarios carecen de posibilidades reales de acceso a los medios de publicidad y propaganda, para hacer llegar a los potenciales electores y a la ciudadanía en general su campaña educativa del voto en el recuadro. No pueden pagar el costo extraordinariamente alto que se les exige, y por tanto resultan sin oportunidad ni espacio publicitario en radio ni televisión.

En el sentido de favorecer las posibilidades de competencia electoral, se ha propuesto determinar, limitar y reglamentar la ubicación de los espacios públicos municipales que puedan utilizarse para publicidad durante la campaña, para su distribución equitativa entre los candidatos locales y nacionales, por partido.

Esto implica la distribución equitativa de vallas para evitar que un solo partido, o un pequeño grupo con poder económico, se apropie de todos los espacios, incluso los no disponibles, lo que crea trastornos.

Asimismo, se ha solicitado en varias ocasiones la creación de normas especialmente referidas al uso de las redes sociales para fines electorales (cuentas falsas): existen sistemas de monitoreo que establece cuándo se usan cuentas falsas, evitando que las redes sociales, que son positivas como medios de comunicación, puedan manejarse de manera fraudulenta y afectar negativamente la imagen pública y posibilidades de voto de personas, candidatos y partidos sin justificación.

Cabe agregar la necesidad de que los partidos reciban capacitación formal en materia de realización de campañas electorales por medios electrónicos.
9- Financiamiento equitativo de los partidos
Para competir, para captar candidatos y ofrecerles una plataforma política objetivamente capaz de generar el triunfo electoral, sea por un partido o por una alianza de partidos, se requiere un presupuesto sustancioso, tanto que la mayoría de los partidos simplemente no lo tienen.

Esa es la primera razón por la que candidatos con posibilidades de triunfo prefieren optar por alguna organización mayoritaria tradicional, que por lo menos hasta esta elección contaban con posibilidades de apoyo real a sus candidaturas.

Durante el proceso electoral de 2020 se denunció que cualquier campaña a regidor exige un financiamiento que oscila, dependiendo de la demarcación, entre 500 y 3 millones de pesos; una diputación cuesta entre RD$10 y RD$30 millones; las campañas de alcaldías grandes oscilan entre los RD$50 y RD$150 millones y las senadurías más de 50 millones de pesos. Estos volúmenes financieros son requeridos a pesar de que la ley fija topes para la inversión electoral, resultando que hasta ahora, nadie ha exigido cuentas a los partidos por la declaración de sumas irrisorias en campaña, que no se corresponden con la realidad.
10- Rediseño de la contribución del Estado a los partidos
Ciertamente, se entiende que el legislador fue sabio al disponer que la contribución económica del Estado a los partidos se entregue en razón de la cantidad de votos que obtuvieren. Teóricamente ese sería el método ideal.

Resulta, sin embargo, que en la actualidad impera gran confusión en el ánimo público respecto de las razones por las que se otorga esa contribución y se acusa al sistema de permitir la sobrevivencia de demasiados partidos.

La contribución del Estado a los partidos es, precisamente, lo que le permite al Estado intervenir en las cuentas privadas de los partidos políticos. Si la contribución no existiera, el financiamiento de los partidos no pudiera ser objeto del mismo tipo de control que existe en la actualidad. Pero en la actualidad, los partidos están legalmente impedidos de obtener financiamiento privado, debiendo reportarlo todo a la JCE.

Asimismo, dado el control público que permite, la contribución del Estado a los partidos es un freno a las inversiones privadas ilícitas que esas organizaciones pudieran recibir.

Sin embargo, la contribución tiene que entregarse en un contexto de equidad electoral, que no es precisamente lo que ocurre. Antes bien, entre 4 partidos han dominado hasta ahora el 80% de dicha contribución del Estado, quedando para las restantes 23 organizaciones reconocidas del sistema, poco más que lo indispensable para mantener abierto un solo local en todo el país, como mucho.

De continuarse con el mismo esquema los partidos estarán siendo forzados a desaparecer, para dar paso a un bipartidismo que en nada favorece al sistema democrático. En efecto, a pesar de ser tan mal vistos por la sociedad son precisamente los partidos más pequeños del sistema los que permiten aglutinar los porcentajes de mayoría absoluta requeridos por la Constitución y la ley para alcanzar el poder. No todos los partidos tienen que ser mayoritarios. Al contrario, por no ser mayoritarios es que pueden concentrarse en nichos electorales, cuya relevancia es determinante para el éxito del sistema democrático.

En consecuencia, los partidos harían muy bien en iniciar de inmediato la búsqueda del consenso necesario para garantizar un financiamiento público de campaña que les permita presentar candidaturas con posibilidades de éxito, para que el elector pueda expresar una preferencia electoral basada en el análisis de propuestas diferentes.

11- Persistencia del esquema de campaña: activistas locales que realizan importantes inversiones económicas, sin articular planes de desarrollo ni debatirlos a nivel local
Los partidos apoderan activistas locales de diferente nivel que realizan campañas como siempre: participación en actividades presenciales (caminatas o marchas y mítines).

Esas actividades conforman el grueso de las actividades de campaña, seguidas de, probablemente, participaciones muy limitadas en ambientes cerrados para exponer los planes o propuestas de gobierno del partido y del candidato. Son, por tanto, actividades de masas, en las que el apoyo del gobierno o de ciertos sectores nacionales o locales es más importante que todo lo demás.

Ese tipo de campaña supone la utilización intensiva de recursos, de los que carecieron los partidos, excepto las dos primeras mayorías, hasta pocos días antes del evento electoral (presidencial y congresual). El limitado financiamiento disponible para los partidos y sus candidatos representó, por tanto, un ataque directo contra sus posibilidades de hacerse un espacio representativo local y una limitación ostensible para traducir en apoyo electoral sus propuestas.

En definitiva, las campañas políticas actuales tienden a vaciarse de contenido programático. La propaganda reemplaza la propuesta y el dinero otorga la capacidad para hacer propaganda. Se reproducen así ciclos negativos que deterioran la calidad de las opciones electorales”.

JFPG. Dan/Sfd

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