GINEBRA.- La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el deterioro de la situación en Nicaragua, que según ella imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente durante los comicios de noviembre.

«Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (…), pero ésta no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante», señaló la expresidenta chilena en su intervención.

Lamentó que del 12 al 21 de junio la Policía nacional y el Ministerio Público de Nicaragua hayan detenido a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatos a los próximos comicios generales.

También se ha detenido a otros ochos líderes políticos (entre ellos cinco mujeres) y dos dirigentes gremiales, «bajo conceptos penales ambiguos y sin suficientes evidencias probatorias», subrayó Bachelet, quien insistió en que los arrestos han estado rodeados de «graves violaciones de las garantías procesales».

Las detenciones e investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas por Nicaragua en 2018 y 2020. La oficina que dirige Bachelet ya había advertido que podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, «como en efecto está ocurriendo», aseguró la alta comisionada.

Bachelet también criticó la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo, que en su opinión «no introduce salvaguardas para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales», así como la disolución de dos partidos políticos ordenada dos semanas después.

La alta comisionada también afirmó que, desde la segunda mitad de abril, coincidiendo con el tercer aniversario del inicio de las protestas de 2018, se ha registrado una escalada de la «persecución selectiva» contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores.

«Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias por parte de la policía nacional, y ello apunta a la represión sistemática de los intentos de víctimas y sociedad civil por intentar protestar en espacios públicos», subrayó, señalando que al menos 124 personas están privadas de libertad en el contexto de la actual crisis.

Estos abusos, que también incluyen hostigamientos a medios de comunicación y periodistas independientes, «generan un clima de temor» que en opinión de la alta comisionada «inhibe el ejercicio de los derechos a reunión pacífica, asociación y expresión, esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo».

Bachelet pidió por todo ello al Gobierno del presidente Daniel Ortega «cambios urgentes», que «implicarían como mínimo liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes, y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral»

También apeló a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumente sus esfuerzos para buscar la rendición de cuentas de Nicaragua por las graves violaciones cometidas desde 2018.

Reclamó por último que Nicaragua permita el regreso de la sucursal nacional de la oficina de la ONU que ella dirige, así como otros mecanismos de derechos humanos, «a fin de contribuir a que se supere la crisis que vive el país».

HRW compara situación con régimen Fujimori

Human Rights Watch (HRW) comparó la situación actual en Nicaragua con el régimen de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000), después de la detención de cinco precandidatos opositores al presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

«Lo más cercano en el tiempo (que se asemeja a la actual situación en Nicaragua) es el régimen de Fujimori en Perú», aseguró en una rueda de prensa el director de la división de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

La ONG presentó este martes un informe de 38 páginas en el que urge a Naciones Unidas a actuar ante la reciente ola de arrestos contra líderes de la oposición y otros críticos de Ortega.

CARGOS FABRICADOS

Más allá de denunciar las últimas detenciones en Nicaragua, HRW señaló que los cargos que enfrentan los cinco precandidatos han sido «evidentemente fabricados» por el Gobierno de Ortega.

En el caso concreto de Cristiana Chamorro, la aspirante presidencial opositora e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que gobernó Nicaragua entre 1990 y 1997, Vivanco dijo que «está secuestrada en su hogar y limitada solamente a su dormitorio por delincuentes armados que están en control del resto de su casa y que le han cortado todas las comunicaciones».

«Lo que se busca es sacarla de la contienda electoral para inhabilitarla de cara a las elecciones, lo que deja a Chamorro en una situación de total indefensión», argumentó Vivanco.

También han sido arrestados dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos extrabajadores de una ONG.

«Esta es una situación gravísima que afecta la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua», sentenció Vivanco.

ACTIVAR EL ARTÍCULO 99 DE LA ONU

Ante esta situación, HRW pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que use su poder para invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas con el fin de convocar una reunión con la justificación de que existe una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

El artículo solo ha sido invocado en tres ocasiones (1960, 1979 y 1989), ya que los secretarios generales de la ONU suelen acudir a avisos informales para llamar la atención del Consejo de Seguridad.

Asimismo, la ONG insta directamente a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a incluir la crisis de Nicaragua en su agenda e implementar sanciones específicas contra los responsables de violaciones de derechos humanos.

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