Por Jottin Cury

Hace algún tiempo, al salir de una interesante conferencia sobre el aborto que dictó el buen amigo, abogado y político, José Ricardo Taveras en el municipio de San Ignacio de Sabaneta en la provincia Santiago Rodríguez, una señora con evidentes trastornos mentales lanzó restos de comida hacia un grupo de personas frente al edificio de la Policía y la Gobernación provincial. Los que allí estuvimos, incluyendo al propio expositor, salimos embarrados por la desafortunada iniciativa de la referida transeúnte. Afortunadamente, esto ocurrió al final del evento y no al inicio, pues tal eventualidad hubiese sido aún más embarazosa.

Asimismo, en días pasados, cuando me dirigía a mi casa, me tropecé con un trastornado que se encontraba en medio de la avenida Bolívar vociferando y golpeando con el puño a todos los vehículos que por allí transitaban. Y, precisamente hace unos días, un amigo me comentó que vio a un hombre caminando desnudo en la autopista de Las Américas.

Los penosos sucesos antes descritos, me hicieron recordar una memorable visita que, durante los años de secundaria en el colegio Loyola, realicé al manicomio ubicado en el kilómetro veintiocho de la autopista Duarte, gracias a la iniciativa del magnífico profesor de literatura y psicología, Puro Cándido Blanco. Este centro de reclusión para enfermos mentales dejó de funcionar hace tiempo, aunque administraciones anteriores realizaron modestas inversiones en el Hospital Psiquiátrico Padre Billini para amparar a esta clase de personas, quienes en su gran mayoría son abandonados por sus propios familiares. Se trata de una triste realidad que debería tocar la sensibilidad y espíritu de solidaridad de todos los dominicanos de buena voluntad. En otras palabras, no podemos permanecer indiferentes ante el drama e infortunio de estos enfermos, así como tampoco al que padecen los ancianos y niños desamparados que deambulan por nuestras calles y avenidas.

El Estado dominicano debería hacer un sincero esfuerzo por socorrer a los envejecientes, los niños que solicitan limosnas y los enfermos mentales que pululan por nuestros pueblos y ciudades. He visto en diversas ocasiones a personas que superan los noventa años de edad demandar dinero para comer, así como también niños harapientos que se ven precisados a reclamar limosnas, en vez de asistir a la escuela a educarse. Se trata de una penosa situación que nos avergüenza a todos los dominicanos sin excepción, que lacera la dignidad humana y coloca en entredicho al Estado que debería velar por el bienestar de estas personas. Y es que por muy indolentes que puedan resultar las autoridades, los más desvalidos, entre los que se encuentran los que sufren de trastornos mentales, menores que no disponen de condiciones mínimas de subsistencia y los adultos mayores que deberían recibir la asistencia estatal para garantizarles un mínimo vital.

Se deberían diseñar planes para auxiliar a estos sectores vulnerables que desdichadamente constituyen mayoría entre nosotros. Urge socorrerlos e incorporarlos a la vida productiva, enseñarles algún oficio que les permita ganarse dignamente la vida. Cuando los padres no encuentran trabajo para satisfacer las necesidades esenciales, sus hijos se encuentran generalmente imposibilitados para asistir a las escuelas y el derecho a la educación que se consigna en el artículo 63 de la Constitución se convierte en una quimera. El problema no se resuelve “con tener derecho”, sino “creando las condiciones materiales para que esos derechos puedan hacerse efectivos”, puesto que una cosa es lo que dispone el texto constitucional y otra muy distinta la que impera en la práctica. Por tanto, si los padres carecen de trabajo para alimentar a sus vástagos, no es posible impulsar planes concretos para mitigar las hirientes desigualdades sociales que prevalecen en la actualidad. Nadie puede estudiar sin previa alimentación, y aunque esa situación ha sido atenuada con el desayuno escolar, la causa del problema sigue intacta en ausencia de medios de vida para los representantes de esas familias humildes.

El creciente desempleo podría enfrentarse volviendo a las políticas de nacionalización del trabajo, tanto en las zonas rurales como urbanas, en razón de que un altísimo porcentaje de los puestos laborales se encuentran ocupados por extranjeros, en franca violación a la ley. Cuando el Estado se encuentra imposibilitado de proveer medios de vida a su población, permitiendo la desnacionalización del trabajo en provecho de extraños, las promesas de los políticos carecen de contenido y seriedad. Lo mismo ocurre con los enunciados constitucionales relativos a la dignidad, consignados en el preámbulo, así como en los artículos 5, 7, 8 y 38 de la Ley Fundamental. También devienen en demagogia constitucional la alegada protección de los menores y las personas de la tercera edad, contenidas en los artículos 56 y 57 de nuestro Supremo Estatuto Político.

Ahora bien, en cuanto a los niños de las calles, el diario Hoy publicó un interesante editorial el 11 de septiembre del año en curso en el que resaltaba la ausencia de sensibilidad de la población, que ya está habituada a percibir como normal las calamidades que padecen estos menores. Esta indiferencia es preocupante y el referido editorial expresa “cuando esto ocurre significa que nuestros sentidos se endurecen, que perdimos sensibilidad ante un hecho que, por su naturaleza y significado, debería conmovernos”. En efecto, mueve a preocupación el hecho de que nos habituemos a observar con indiferencia este drama social, en vista de que estos menores que viven en las calles aumentan a medida que discurre el tiempo. Sobre las escasas probabilidades de cambio para estos niños dignos de mejor suerte, el editorial señala: “Estos niños y niñas de las calles seguirán en aumento, porque para ellos no hay propuestas de reformas. Es decir, no se advierte que nada cambiará”. La causa principal es la falta de los padres, por lo que no se advierte un pronóstico positivo para conjurar esta catástrofe social.

En resumidas cuentas, el Estado se encuentra en la obligación de auxiliar a los a los ancianos, a los niños cuyos padres carecen de trabajo y a los enfermos mentales. Se les debe proporcionar asistencia a fin de que puedan sobrevivir dignamente, sin necesidad de salir a las calles a pedir limosnas para comer cada día. La mendicidad adquiere categoría de drama social tomando en consideración que a la pobreza local habría que adicionarle la foránea, toda vez que va en aumento la cantidad de extranjeros ilegales que se encuentran solicitando ayuda en nuestro territorio. Bastaría eliminar los gastos innecesarios en ministerios y demás dependencias del Estado, así como el despilfarro para disponer de los recursos necesarios que permitan amortiguar las penurias de numerosas familias dominicanas.

En definitiva, no se trata de definir derechos, sino de fomentar los medios materiales que posibiliten acceder a los mismos en condiciones de igualdad. La solidaridad social contenida en el texto constitucional, debe ponerse en práctica para dejar de ser otro simple enunciado que únicamente se invoca en tertulias académicas en las que prevalece la vanidad, el cinismo y la hipocresía. Al fin y al cabo, no podemos hablar de desarrollo mientras la miseria muestre su lado más nefando a la vista de todos. Hasta que no se diseñen y ejecuten políticas públicas destinadas a auxiliar a los enfermos mentales, a las personas de la denominada tercera edad, los niños desvalidos y otras personas en condiciones vulnerables, permaneceremos irremisiblemente encadenados al subdesarrollo.

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