Por Jorge Liboreiro
para Euronews.

Tras meses enfrentándose a acusaciones de dilación y retrasos injustificados, la Comisión Europea ha confirmado que pondrá en marcha un novedoso mecanismo contra Hungría que, por primera vez en la historia de la UE, condicionará la recepción de fondos comunes al respeto del Estado de Derecho por parte de un país.

El instrumento presupuestario nunca se ha utilizado desde su entrada en vigor, a pesar de las continuas peticiones del Parlamento Europeo, cuyos miembros recurrieron a la vía judicial para forzar a la Comisión a ponerlo en marcha.

En respuesta, el ejecutivo dirigido por la presidenta Ursula von der Leyen argumentó que necesitaba más tiempo para elaborar directrices prácticas y esperar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que debía determinar si el mecanismo era jurídicamente correcto. Finalmente, ambas demandas fueron satisfechas: el TJUE se pronunció a favor del instrumento a mediados de febrero y la Comisión publicó sus directrices a principios de marzo.

Entonces se celebraron las elecciones parlamentarias húngaras y el primer ministro Viktor Orbán volvió a obtener una clara mayoría que le permitrá gobernar.”Hemos conseguido una victoria tan grande que se puede ver desde la luna, y desde luego se puede ver desde Bruselas”, dijo Orbán al celebrar su victoria.

Dos días después del escrutinio, la presidenta von der Leyen compareció ante el Parlamento Europeo y dio a los eurodiputados la noticia que la mayoría esperaba con impaciencia. “La Comisión ha hablado hoy con las autoridades húngaras y les ha informado de que ahora enviaremos una carta formal para poner en marcha el mecanismo de condicionalidad”, dijo von der Leyen

Se espera que la carta se envíe oficialmente en los próximos días, marcando el inicio de un procedimiento largo y complejo que podría acabar congelando la cuota anual de Budapest de 6.140 millones de euros del presupuesto de la UE.

Pero, dado el carácter novedoso y sin precedentes del instrumento, siguen existiendo muchas dudas sobre su fuerza y eficacia reales.

¿Qué es exactamente el mecanismo de condicionalidad?
El mecanismo es una nueva herramienta destinada a proteger los intereses financieros de la UE contra las infracciones del Estado de Derecho que se produzcan dentro de un Estado miembro.

Se diseñó en un contexto muy particular: la pandemia de la Covid-19 había había afectado a la economía del bloque y se creó un fondo de 750.000 millones de euros para acelerar la recuperación. El novedoso fondo, financiado mediante deuda común, se negoció en paralelo al presupuesto septenal de la UE, de 1,1 billones de euros.

El sustancial aumento del poder financiero alimentó las demandas para garantizar que los gobiernos infractores no se beneficien del dinero de los contribuyentes de la UE, un debate que llevaba años en marcha. Tras unas tensas negociaciones a finales de 2020, en las que fracasaron los intentos de vetar el texto, el sistema disciplinario entró en vigor en enero de 2021.

Polonia y Hungría han criticado el instrumento y han presentado sin éxito un recurso ante el TJUE para desacreditar su legitimidad. Los dos países son sospechosos de retroceso democrático y actualmente están sometidos al procedimiento del artículo 7, que sigue estancado ya que ambos se han comprometido a bloquear el expediente del otro.

Orbán ha confirmado que “con los polacos estamos en una alianza defensiva mutua. No permitiremos que el otro quede excluido de la toma de decisiones europea”.

¿Qué condiciones pueden activar el mecanismo?
El reglamento define el Estado de Derecho como un conjunto de valores fundamentales, entre ellos la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, los tribunales independientes e imparciales, la separación de poderes y la no discriminación.

“El cumplimiento de estos valores no puede reducirse a una obligación que un Estado candidato debe cumplir para acceder a la Unión Europea y de la que puede prescindir después de la adhesión”, dijo el TJUE en su sentencia.

En la práctica, sin embargo, el ámbito de aplicación del instrumento es bastante limitado: no se refiere a las infracciones generales del Derecho de la UE, sino sólo a las que afectan o suponen una grave amenaza para la gestión financiera de la UE, es decir, el presupuesto común.

Las situaciones que pueden entrar en el ámbito de aplicación del mecanismo son la falta de independencia judicial, la no prevención o corrección de las decisiones ilegales adoptadas por las autoridades públicas y la presencia de obstáculos para llevar a cabo investigaciones, perseguir delitos y ejecutar sentencias.

Según el reglamento, estas infracciones pueden tener un impacto negativo en la ejecución, el control y la auditoría de los fondos de la UE, la prevención del fraude y la corrupción, y la cooperación con los organismos pertinentes de la UE.

La Comisión está preocupada desde hace tiempo por la independencia judicial de Hungría, los conflictos de intereses y la corrupción sistémica. La OLAF, la agencia antifraude de la UE, ha colocado al país a la cabeza de su lista de irregularidades relacionadas con los fondos de la UE, con proyectos públicos que se consideran sobrepresupuestados y sobrevalorados.

Estas consideraciones han impedido la aprobación del fondo nacional de recuperación de Hungría, que asciende a 7.200 millones de euros en subvenciones.

“Aquí el principal requisito para la reforma es la cuestión de la anticorrupción, y por el momento no estamos siendo capaces de encontrar un terreno común y cerrarlo”, dijo von der Leyen a los eurodiputados el martes. Al día siguiente, Orbán dijo en una rueda de prensa que “no conocía ninguna cuestión pendiente” y que “no es cierto, hemos acordado todas estas cuestiones”.

¿Cuáles son los próximos pasos?
En primer lugar, la Comisión tiene que crear un caso legal que establezca un vínculo genuino y basado en pruebas entre el incumplimiento de la ley de la UE y el presupuesto de la UE. El ejecutivo envió previamente cartas administrativas a Hungría y Polonia detallando sus preocupaciones y pidiendo aclaraciones. Según von der Leyen, la respuesta de Budapest no fue lo suficientemente convincente como para cerrar el expediente y su equipo decidió “pasar al siguiente paso”.

Bruselas enviará ahora una notificación formal al gobierno húngaro, iniciando oficialmente un procedimiento que verá un prolongado ir y venir entre las capitales. Hungría tiene derecho a hacer comentarios sobre las conclusiones jurídicas de la Comisión, ofrecer información adicional y proponer soluciones para hacer frente a las supuestas infracciones.

Si tras el intercambio de comunicaciones, que se prevé que se prolongue durante meses, el ejecutivo considera que las infracciones persisten y el presupuesto común sigue amenazado, puede emitir una recomendación de congelación de los fondos de la UE.

La recomendación se envía a los Estados miembros, que tienen un mes para debatirla y votar.

El Consejo tiene que aprobarla por mayoría cualificada: el 55% de los países de la UE que representen al menos el 65% de la población total de la UE. Esto representa una importante diferencia con respecto al artículo 7, en el que se requiere la unanimidad.

¿Qué medidas pueden adoptarse contra el país acusado?
La UE puede suspender, interrumpir o reducir parcial o totalmente los fondos comunitarios asignados al país acusado.

También puede prohibir que el país suscriba nuevos acuerdos financieros con el bloque y obligarlo a devolver los préstamos pendientes antes de lo previsto inicialmente.

El alcance y la duración de la respuesta tienen que ser proporcionales al daño causado por las infracciones legales. Esto significa que es muy poco probable que se produzca una suspensión total de los fondos de la UE. Las medidas se dirigirán a los organismos gubernamentales a nivel nacional, regional y local.

El reglamento subraya que los destinatarios finales de los fondos de la UE, como las ONG y los agricultores, deben poder cobrar el dinero que se les ha asignado en virtud de “obligaciones preexistentes”. El gobierno no puede utilizar la medida disciplinaria como excusa para evitar estos pagos, dice la Comisión.

En particular, el Ejecutivo señala que si los beneficiarios finales han estado personalmente implicados en el incumplimiento de la legislación de la UE, “como en los casos de corrupción, fraude sistémico y conflictos de intereses”, se les puede privar de hecho de los fondos.

Las medidas pueden retirarse en cualquier momento si el Estado miembro acusado toma medidas para corregir la situación y la Comisión concluye que la infracción de la legislación de la UE, aunque persista, ya no supone una amenaza para el presupuesto de la UE.

¿Cuánto tiempo durará todo el procedimiento?
Dada la naturaleza no probada del mecanismo de condicionalidad, el calendario no está claro.

Los funcionarios de la UE han calculado que transcurrirán entre cinco y nueve meses entre la notificación formal de la Comisión y la votación de los Estados miembros.
Sfd/Dan
Esta transcripción se hace por considerarla de interés para la humanidad
Tomado de:https://es.euronews.com/my-europe/2022/04/07/cual-es-el-siguiente-paso-tras-la-activacion-del-mecanismo-del-estado-de-derecho-contra-hu

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