Fuente: BBC News Mundo     Fecha  21/06/2022
Los grupos indígenas han dicho que las protestas continuarán de forma indefinida,
pese a que el presidente Guillermo Lasso decretó un estado de emergencia.

Ecuador está sumido en una nueva crisis política.

En un principio, las manifestaciones se concentraron en la región norteña de Pichincha, que incluye a la capital, Quito, y los vecinos Cotopaxi e Imbabura. Pero en la mayoría de las 24 provincias ecuatorianas ha habido algún tipo de movilización.

El país sudamericano cumplió una semana de protestas encabezadas por la comunidad indígena para exigir al gobierno de Guillermo Lasso reformas sociales y económicas, en el marco de una economía golpeada por la inflación y el desempleo.

Durante las jornadas de protesta bloquearon carreteras en diversos puntos del país. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han dejado hasta este lunes un muerto y decenas de heridos y detenidos.

Ante esto, el presidente Lasso decretó el viernes por la noche el estado de excepción por 30 días en las tres regiones más afectadas para garantizar, dijo, “la defensa de nuestra capital y nuestro país”. Pero este lunes emitió un nuevo decreto de emergencia para incluir a las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.

“Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz. Ellos buscan el caos, quieren botar [sacar] al presidente“, dijo Lasso el lunes en un nuevo mensaje publicado en sus redes sociales.

Aseguró que el sábado pasado dio respuesta a las demandas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que ha convocado las protestas, en temas de salud, educación, y economía.

“Estamos atendiendo las legítimas demandas ciudadanas. Su respuesta [de la Conaie], más violencia. Nuevas amenazas de atacar a Quito”, señaló Lasso.

Con el decreto de estado de excepción, el Estado restringe el libre tránsito y permite que las autoridades implementen el uso “progresivo de la fuerza” para “neutralizar las acciones violentas”.

Los grupos indígenas, sin embargo, desafiaron el estatuto y sostuvieron las protestas con carácter “indefinido”, mientras se organizan para dirigirse a la capital ecuatoriana.

1. ¿Quiénes protestan?

Las protestas de esta semana fueron convocadas por la Conaie, un grupo creado en 1986 y que aglutina a las poblaciones originarias del país sudamericano.

El líder del movimiento, Leonidas Iza, fue uno de los protagonistas de las manifestaciones hasta antes de ser detenido -y liberado el 15 de junio- por presuntamente paralizar el transporte público al bloquear una vía y exhortar a que se radicalizaran las protestas.

2. ¿Cuáles son los reclamos?

La Conaie detalló sus exigencias en diez puntos con una infografía publicada en su cuenta de Twitter el 9 de junio. Estas son:

  • Reducir los precios del combustible;
  • Fijar una moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas;
  • Garantizar el empleo y los derechos laborales;
  • Que haya precios justos en los productos del campo;
  • No explotar la minería en los territorios indígenas;
  • Respetar los derechos colectivos;
  • No privatizar los servicios estratégicos;
  • Desarrollar políticas para controlar la especulación en los precios;
  • Otorgar mayor presupuesto para salud y educación;
  • Adoptar medidas para mejorar la seguridad

3. ¿Cómo respondió el gobierno?

En un intento por calmar las manifestaciones, Lasso anunció el viernes un aumento en el subsidio mensual para las familias más pobres de Ecuador.

El valor del bono de desarrollo humano subirá de US$50 a US$55.

Además, la agencia Efe informó que el gobierno condonará créditos vencidos de hasta US$3.000 en el Banco Estatal de Desarrollo y que subsidiará a pequeños y medianos agricultores con la mitad del costo de fertilizantes.

De la misma forma, el presidente declaró un estado de emergencia para el sistema de salud pública del país y prometió duplicar el presupuesto de la educación intercultural para las comunidades indígenas.

También abrió créditos de hasta US$5.000 para los agricultores al 1% de interés y a 30 años de plazo.

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