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Santo Domingo- El Ministerio Público reveló que la red desmantelada en la Operación Gavilán manipuló o eliminó los registros de antecedentes penales de 16,958 personas. Esto fue anunciado el día de ayer durante la audiencia destinada a discutir las medidas de coerción para 12 individuos acusados de tener vínculos con esta organización delictiva.
La fiscal Sourelly Jáquez, en la audiencia llevada a cabo en la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, destacó que la cantidad no se limita a 8,000 personas cuyos registros fueron alterados o borrados, sino que los antecedentes penales de 16,958 individuos fueron suprimidos, de acuerdo con el análisis pericial técnico.
La fiscal compartió estos detalles con los medios de comunicación a su salida del tribunal, donde el miembro de la Policía Nacional Antony Ferrer “reconoció los hechos presentados por el Ministerio Público en relación a las medidas de coerción”.
En adelante, en la audiencia que continuará hoy martes, se presentarán dos defensas técnicas y las respuestas correspondientes del Ministerio Público.
En sus declaraciones a la prensa, la fiscal aclaró que “Nexcom Technology, una empresa tecnológica utilizada por los acusados, movilizó más de 12 millones de pesos para eliminar y modificar expedientes”, y está vinculada a Luis Alfredo Astacio Polanco, ex miembro de la Policía Nacional y uno de los implicados en el caso.
Sobre los fiscales involucrados en la red, la fiscal señaló que “proceden de diferentes jurisdicciones” y mencionó que la Inspectoría y la Procuraduría General de la República «en los próximos días van a estar indicando quiénes son los fiscales”
En sus conclusiones, el Ministerio Público solicitó que se considere el proceso como complejo y se apliquen medidas de prisión preventiva a Mártires Rosario Reyes, quien brindaba soporte al sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República (PGR).
También se solicitó lo mismo para Alfredo Mirambeaux Villalona, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
Entre los implicados se encuentran empleados de la PGR como Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, además de otros individuos como Yokaira Elizabeth Carmona, el ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
El Ministerio Público también está investigando al menos a siete fiscales, contra quienes solicitará la designación de un juez especial en cumplimiento del procedimiento legal para la persecución penal de funcionarios del sistema de justicia.
Además, se ha iniciado un proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
El 1 de agosto pasado, el Ministerio Público inició la Operación Gavilán contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que durante años se dedicó a borrar antecedentes penales a cambio de sobornos.
La operación involucró allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los miembros de la red que manipulaban los registros de antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como narcotráfico, asesinato, robo, homicidio o violación sexual.
Esta actividad benefició a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, acusados de violencia de género y adulteración de alcohol, así como a secuestradores, llegando al punto de que personas con condenas de hasta 30 años aparecen sin antecedentes penales en los registros oficiales.