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Por Súlgida Nin.
Agencia de Prensa Mundial APM
Madrid 06 de febrero 2025
El Defensor del Pueblo Español, Ángel Gabilondo, ha solicitado este jueves 06 de febrero 2025, que se agilice la compensación a las víctimas del amianto, una medida que considera “imprescindible” debido al retraso de más de dos años en la creación del fondo previsto por la ley. Gabilondo ha destacado la urgencia de poner en marcha este fondo para apoyar a quienes han sufrido las consecuencias de la exposición al amianto.
El amianto, también conocido como asbesto, es un mineral natural que se ha utilizado durante siglos en diversos productos debido a sus propiedades, como la resistencia al fuego, la durabilidad y la capacidad de aislamiento. Se encuentra en forma de fibras finas que pueden liberarse al aire y ser inhaladas.
Sin embargo, el amianto es altamente peligroso para la salud humana. Cuando las fibras de amianto son inhaladas, pueden quedar atrapadas en los pulmones y causar graves enfermedades, como la asbestosis (una enfermedad pulmonar), el cáncer de pulmón y el mesotelioma (un tipo raro de cáncer que afecta las membranas que recubren los pulmones y el abdomen). Debido a estos riesgos, el uso de amianto ha sido prohibido en muchos países desde finales del siglo XX.
A pesar de la prohibición, muchas personas que trabajaron en la construcción, la industria naval o en minas de amianto, y aquellas que estuvieron expuestas al material en sus hogares o lugares de trabajo, continúan enfrentando las consecuencias de su exposición. Por eso, se han creado fondos de compensación para las víctimas del amianto, como se menciona en la noticia.
El fondo de compensación para las víctimas del amianto es una medida creada para proporcionar indemnizaciones y apoyo a las personas que han sido afectadas por enfermedades relacionadas con la exposición al amianto, como el cáncer de pulmón, la asbestosis y el mesotelioma. Este fondo busca reconocer el sufrimiento de las víctimas, al tiempo que ofrece una compensación económica por los daños causados por el amianto, especialmente a quienes no pueden obtenerla a través de demandas judiciales debido a la complejidad o el tiempo transcurrido.
En España, el fondo se creó a través de la Ley 23/2015, de 21 de julio, sobre la Protección de las Víctimas del Amianto. Esta ley establece un sistema para la compensación económica a aquellas personas que han sufrido enfermedades derivadas de la exposición al amianto, tanto en el ámbito laboral como en situaciones de exposición indirecta. Además, la ley reconoce que algunas personas, debido a la naturaleza de estas enfermedades, no pueden esperar los largos plazos de los procedimientos judiciales, por lo que el fondo busca ofrecer una respuesta más rápida y efectiva.
En cuanto a su funcionamiento, el fondo se financia principalmente mediante aportaciones del Estado y de las empresas responsables del uso de amianto en ciertos sectores. Las víctimas pueden acceder a él sin necesidad de demostrar una responsabilidad civil o penal, lo que simplifica el proceso y reduce la carga administrativa para aquellos afectados.
A pesar de que la Ley 23/2015 establece el marco legal para este fondo, la creación y puesta en marcha efectiva del mismo ha experimentado retrasos, lo que ha generado críticas, como las expresadas por el Defensor del Pueblo Español, Ángel Gabilondo, quien ha solicitado agilizar su implementación.
ASNME07022025 CDNCAI