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Por Robert Quiroz (*)
En una sociedad democrática, el juez penal no es un verdugo ni un administrador automático de condenas. Su papel esencial es el de garante de los derechos fundamentales, incluso —y sobre todo— frente al poder punitivo del Estado.
El juez penal debe actuar con imparcialidad, sin ceder ante presiones mediáticas, políticas ni sociales. Su compromiso no es con la popularidad, sino con la legalidad, la justicia y el debido proceso. Cada decisión que toma incide directamente en la libertad, el honor y la dignidad de las personas. Por eso, su razonamiento debe estar sustentado no solo en la ley, sino también en principios constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos.
Una justicia penal moderna no puede ser mecánica ni deshumanizada. Debe estar guiada por criterios de proporcionalidad, respeto a la presunción de inocencia y garantía de igualdad entre las partes. El juez no debe perseguir culpables: debe juzgar hechos conforme a derecho, protegiendo a víctimas y acusados por igual.
La misión del juez penal, en definitiva, no es castigar, sino preservar la justicia. Y eso exige independencia, sabiduría y, sobre todo, humanidad.
Como escribió Piero Calamandrei: “La justicia es la fe práctica en la posibilidad del bien
* Roberto Quiroz Primer Suplente del Defensor del Pueblo. Encargado del Departamento de Litigio Estratégico. Ex Defensor Público por más de 15 años. Autor de “Litigación Penal: Principio y Fin”, “La Víctima en el Proceso Penal: Derechos y Prerrogativas” y “Litigación Penal Avanzada”.