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Por Darío Antonio Nin
Segundo Adjunto del Defensor del Pueblo
Santo Domingo, mayo de 2025
En un país como el nuestro, donde los derechos humanos aún requieren defensa activa, donde la educación cívica no alcanza a todos los rincones y donde la desinformación se disfraza a menudo de entretenimiento, resulta impostergable que el Defensor del Pueblo cuente con canales propios de comunicación masiva para orientar, educar y servir a la Nación.
La propuesta que elevaremos formalmente al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) busca la asignación de frecuencias de radio, televisión y plataformas digitales al Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Estas frecuencias deben ser otorgadas bajo las mismas condiciones que se asignan a los concesionarios comerciales nacionales, pero con un uso exclusivamente institucional y no lucrativo.
Esta no es una petición caprichosa ni un simple deseo administrativo. Es una obligación democrática del Estado dominicano, como lo establece la Constitución de la República y la Ley No. 19-01 que crea y regula al Defensor del Pueblo. Ambos marcos legales establecen que esta institución tiene la misión de defender los derechos fundamentales, prevenir conflictos sociales y, sobre todo, orientar y educar a la población.
Por otro lado, la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98 refuerza esta propuesta al reconocer que es deber del Estado fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones como medio para el bienestar social, garantizando el acceso equitativo y asequible a todos los sectores del país. El principio de servicio universal ampara claramente la idea de que el espectro radioeléctrico debe estar también al servicio de las instituciones que protegen al pueblo.
En definitiva, no se puede educar masivamente sin acceso a medios masivos, ni defender a quienes no saben que tienen derechos. Por eso esta propuesta es una necesidad, no un favor. Es una herramienta institucional clave para cumplir el mandato constitucional del Defensor del Pueblo.
La ciudadanía merece una voz institucional permanente, veraz, pedagógica y confiable. Esa voz existe. Se llama Defensor del Pueblo. Y hoy más que nunca, esa voz necesita una frecuencia.
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