SEGURIDAD CIUDADANA COMO UN DERECHO HUMANO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

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La seguridad ciudadana no es solo una política pública ni una tarea exclusiva de los cuerpos del orden, sino un derecho humano esencial que garantiza el pleno ejercicio de la libertad, la dignidad y el desarrollo de las personas en sociedad.

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3, “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. En este sentido, la seguridad ciudadana se concibe como la condición necesaria para que las personas puedan vivir libres de violencia, miedo o amenazas, en un entorno respetuoso de sus derechos fundamentales.

Expertos en derechos humanos y seguridad, como Danissa Cruz, fiscal del Departamento de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, primera Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, y la académica chilena Lucía Dammert Guardia, coinciden en que la inclusión social, la equidad y la participación activa de la ciudadanía en la construcción de entornos seguros van más allá del control policial o el uso de la fuerza. Estos desafíos requieren políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la inseguridad, tales como la pobreza, la exclusión, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos, además de estrategias inclusivas que atiendan a personas mayores y con discapacidad.

En este marco, instituciones estatales, organizaciones sociales y organismos internacionales han impulsado la seguridad como un bien colectivo que debe garantizarse sin discriminación, protegiendo especialmente a mujeres, niños, personas con discapacidad y quienes enfrentan enfermedades mentales.

Reconocer la seguridad ciudadana como un derecho humano fortalece la democracia y fomenta una cultura de paz, respeto y cohesión social. Por ello, las autoridades deben adoptar un enfoque centrado en las personas, que combine eficacia institucional con respeto a los derechos fundamentales.

La construcción de sociedades justas y sostenibles comienza por reconocer que la seguridad ciudadana es un derecho, no un privilegio.

Corone Erogue Rosario Fortuna:
Abogado, experto en Derechos Humanos

SFDSDDN11092025

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