Por: Dr. Darío Nin Sembrando Patria, Sembrando Conciencia Colaboración especial: René Narváez Lozada, “La Voz de México”
El Juicio de Amparo, considerado una de las mayores aportaciones jurídicas de México al mundo, está hoy en el centro de la polémica.
El Congreso mexicano ha aprobado, vía fast track, una reforma a la Ley de Amparo que modifica artículos clave (103 y 107 constitucionales), así como disposiciones del Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el apoyo de su mayoría legislativa, impulsa estos cambios que, según juristas y defensores de derechos humanos, reducen las garantías de los ciudadanos y fortalecen el poder del Estado frente a la sociedad civil.
El periodista René Narváez Lozada, “La Voz de México”, denuncia en su análisis que esta nueva ley “despoja a los gobernados de sus herramientas de defensa” y representa un retroceso legal sin precedentes, contrario al espíritu garantista del constitucionalismo mexicano.
“Pa’ castigar al culpable nunca aparece juez”, advierte, resumiendo el sentimiento de desconfianza que genera una reforma percibida como un golpe al derecho fundamental de amparo”
La reforma introduce modificaciones que alteran la esencia del amparo:
Redefinición del interés legítimo: ahora se exige demostrar una afectación real, actual y directa, lo que eleva el umbral de acceso y podría excluir a colectivos y defensores.
Restricción de la suspensión de actos reclamados: limita el otorgamiento del amparo en casos de órdenes de aprehensión, congelamiento de cuentas o detenciones.
Sanciones a instituciones, no a funcionarios, reduciendo la responsabilidad personal de las autoridades.
Limitación de ampliación de la demanda, restringiendo el derecho de defensa.
Posible violación al principio de irretroactividad, pues podría aplicarse a juicios en curso.
Cumplimiento opcional de sentencias, si la autoridad demuestra “imposibilidad” de acatar, quedando sin sanción efectiva.
Transición digital con restricciones procesales para su promoción.
Juristas y exministros de la Corte consideran que esta reforma debilita el acceso a la justicia y rompe con el equilibrio entre el ciudadano y el Estado, afectando el espíritu protector del amparo.
El amparo no es un favor del Estado; es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente y protegido por tratados internacionales que México ha ratificado.
El artículo 1 de la Constitución mexicana establece que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales.
Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho al recurso efectivo ante violaciones de derechos fundamentales.
Por ello, ninguna reforma legal puede disminuir o anular el acceso real y efectivo al amparo, sin violar compromisos internacionales.
El blindaje del amparo proviene de su condición de garantía jurisdiccional esencial: toda persona tiene derecho a una tutela judicial efectiva frente a actos arbitrarios del poder.
Reducir su alcance o eficacia es ir contra los pilares del Estado de Derecho y la justicia constitucional.
Los mexicanos del gobierno de hoy, o de la oposición, deben tener claro, que El Juicio o recurso de Amparo nació en México como respuesta a los abusos del poder.
Su antecedente se remonta a la Constitución de Yucatán de 1841, y fue adoptado a nivel federal en la Constitución de 1857, impulsado por Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón.
Desde entonces, el amparo ha sido el gran escudo de la ciudadanía frente a actos arbitrarios de las autoridades.
Durante el siglo XX, se consolidó como medio de defensa contra leyes, actos judiciales y administrativos que vulneraran derechos. México lo exportó a otras naciones de América Latina, convirtiéndose en símbolo del control constitucional y la protección de derechos humanos.
Hoy, esa misma institución que nació para defender al pueblo del Estado, se ve amenazada por una reforma que podría subordinarla al poder político.
Las voces críticas coinciden: esta reforma no es una modernización, sino una regresión.
Limitar el amparo equivale a debilitar la democracia y exponer al ciudadano a la arbitrariedad.
El Senado la aprobó sin debate suficiente, en un contexto de mayoría oficialista que parece desoír el clamor de juristas, colegios de abogados y académicos.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas fue de los pocos en oponerse con claridad, señalando que esta reforma “traiciona los principios constitucionales” y deja indefensos a los mexicanos ante los abusos del poder.
No debemos olvidar que:
“El amparo nació para poner límites al poder. Si se le quitan sus dientes, deja de ser escudo y se vuelve adorno.”
México, le regaló al mundo esta joya jurídica. No permitamos que su esencia se diluya.
Una ley que debilita el amparo no moderniza, retrocede.
El Estado de Derecho no se mide por cuántas leyes aprueba, sino por cuánto protege la dignidad humana.
Defender el amparo es defender la libertad. Sin justicia efectiva, la Constitución se convierte en promesa vacía.
