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Por Dario Nin
La búsqueda de la verdad y la impartición de justicia constituyen pilares esenciales de todo Estado democrático de derecho. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías bajo su conducción y mando. Sin embargo, la complejidad de la criminalidad contemporánea, así como los cuestionamientos que en ocasiones recaen sobre las instituciones encargadas de investigar, hacen necesario reflexionar sobre mecanismos que fortalezcan la transparencia, la objetividad y la confianza pública en los procesos de investigación penal.
Como ciudadano no mexicano, pero atento a los desafíos que enfrenta la justicia en América Latina, considero que México tiene la oportunidad de consolidar un modelo más robusto de investigación criminal mediante el reconocimiento constitucional de la participación de peritos independientes en determinados casos. Esta propuesta no pretende sustituir las facultades del Ministerio Público ni debilitar la estructura institucional existente, sino fortalecerla mediante la incorporación de herramientas que contribuyan a una mayor credibilidad y rigor técnico en la búsqueda de la verdad.
Actualmente, la participación de peritos dentro de los procesos judiciales suele estar regulada principalmente por la legislación secundaria o adjetiva. Aunque esta regulación resulta necesaria para establecer procedimientos y requisitos técnicos, existe el riesgo de que la relevancia de la figura pericial quede subordinada a decisiones legislativas ordinarias que pueden limitar o dificultar su intervención.
Cuando una institución jurídica de gran trascendencia para la protección de los derechos fundamentales depende exclusivamente de normas secundarias, su aplicación puede volverse más vulnerable a modificaciones coyunturales o interpretaciones restrictivas. Por ello, resulta conveniente que la Constitución reconozca expresamente la posibilidad de incorporar peritos independientes en las investigaciones criminales, especialmente en aquellos casos de alta complejidad, impacto social o en situaciones donde existan dudas razonables sobre la imparcialidad de los órganos encargados de la investigación.
La elevación constitucional de esta figura no eliminaría la necesidad de una regulación legal específica. Por el contrario, la legislación secundaria continuaría desarrollando los procedimientos, requisitos de acreditación, mecanismos de actuación y controles necesarios. Sin embargo, el mandato constitucional otorgaría a la participación pericial independiente una categoría jurídica acorde con la importancia de su función dentro del sistema de justicia.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los sistemas de justicia en América Latina es la construcción y preservación de la confianza ciudadana. En contextos donde la criminalidad organizada, la corrupción o las violaciones graves a los derechos humanos generan preocupación social, la percepción de imparcialidad resulta tan importante como la imparcialidad misma.
La intervención de peritos independientes puede contribuir significativamente a fortalecer dicha confianza. Su participación ofrece una evaluación técnica complementaria, libre de presiones institucionales o políticas, que permite contrastar hallazgos, verificar metodologías y ampliar las posibilidades de esclarecer los hechos investigados.
Asimismo, la presencia de expertos independientes puede servir como garantía adicional para las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, al demostrar que la investigación se desarrolla bajo estándares elevados de objetividad y profesionalismo. Lejos de representar una desconfianza hacia las instituciones estatales, esta medida debe entenderse como un mecanismo de fortalecimiento institucional que incrementa la legitimidad de los resultados obtenidos.
La incorporación constitucional de peritos independientes también reforzaría los derechos de las víctimas dentro del proceso penal. Estas podrían solicitar, directamente o a través de sus representantes legales, la intervención de especialistas acreditados cuando consideren necesario aportar una valoración técnica adicional sobre los hechos investigados.
Del mismo modo, organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos o incluso la autoridad judicial podrían promover su participación en casos excepcionales que requieran un mayor nivel de escrutinio técnico. Este esquema contribuiría a un modelo de justicia más abierto, participativo y compatible con los principios democráticos contemporáneos.
La experiencia internacional demuestra que la colaboración entre instituciones públicas y expertos independientes no debilita las investigaciones; por el contrario, suele enriquecerlas mediante la incorporación de conocimientos especializados y perspectivas técnicas complementarias.
México posee una de las tradiciones constitucionales más importantes de la región y ha sido históricamente un referente en la evolución del constitucionalismo latinoamericano. La incorporación de mecanismos que fortalezcan la transparencia y la objetividad en las investigaciones criminales podría convertirse en una contribución significativa para toda América Latina.
Numerosos países de la región enfrentan problemas similares relacionados con la desconfianza institucional, la impunidad y las dificultades para esclarecer delitos complejos. Por ello, una reforma constitucional que reconozca expresamente la importancia de los peritos independientes enviaría un mensaje claro sobre el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la protección efectiva de los derechos humanos.
En conclusion: La inclusión constitucional de peritos independientes en las investigaciones criminales representa una oportunidad para fortalecer la credibilidad del sistema de justicia mexicano. Su reconocimiento en el texto constitucional no pretende sustituir las competencias del Ministerio Público ni alterar el equilibrio institucional, sino dotar al proceso investigativo de mayores garantías de transparencia, objetividad y rigor científico.
Las víctimas tienen derecho no solo a obtener justicia, sino también a confiar en que la verdad ha sido buscada mediante procedimientos técnicamente sólidos e imparciales. Por ello, la participación de peritos independientes debe ser considerada una herramienta esencial para consolidar un sistema de justicia moderno, confiable y respetuoso de los derechos fundamentales.
México puede convertirse en ejemplo para toda América Latina al demostrar que la búsqueda de la verdad no teme al escrutinio técnico independiente, sino que se fortalece con él. Una justicia transparente, profesional y abierta al conocimiento especializado constituye una de las bases más firmes para la construcción de sociedades democráticas y respetuosas de la dignidad humana
Nos volveremos a ver en el camino hasta la proxima.