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Mediante el Decreto 348-25, del 27 de junio de 2025, se modificaron varios artículos del Decreto 181-19, relacionados con la constitución, objeto, partes, patrimonio, Consejo Técnico, dirección ejecutiva y gestión operativa del fideicomiso.
El nuevo marco incorporó dentro de las funciones de Parquéat RD la posibilidad de gestionar, previa autorización del INTRANT, servicios logísticos y operativos relacionados con el remolque, movilización y custodia de vehículos, con participación de la DIGESETT en los procesos de fiscalización y ejecución.
También cambió la composición formal del fideicomiso. De acuerdo con el Decreto 348-25, sus partes pasaron a ser el Estado dominicano, a través del Ministerio de la Presidencia y del INTRANT, como fideicomitentes y fideicomisarios, y Fiduciaria Reservas, S.A., como fiduciaria.
Es decir, Parquéat RD continúa siendo un fideicomiso público, pero su ámbito de actuación fue ampliado. Y esa ampliación es precisamente la que nos lleva al tema que hoy interesa al ciudadano.
Del parqueo al remolque : En 2025 comenzó a aplicarse el esquema de remolque de vehículos mal estacionados. Según la información publicada sobre el programa, el propietario de un vehículo remolcado debe pagar RD$5,000 para recuperarlo: RD$1,000 correspondientes a la infracción y RD$4,000 por los costos operativos de grúa, traslado y custodia. Parquéat RD ha explicado públicamente que esos RD$4,000 ingresan al fideicomiso y están destinados a cubrir los costos logísticos del servicio.
Hasta aquí, existe una lógica que puede comprenderse: si alguien estaciona indebidamente, afecta la movilidad y obliga a movilizar una grúa y custodiar el vehículo, existe un costo operativo.
Pero precisamente porque existe un costo, surge una pregunta que no debemos evadir:
¿Qué controles garantizan que solamente sean remolcados los vehículos que realmente están cometiendo una infracción?
El propio Decreto 348-25 contiene una disposición que resulta especialmente relevante: establece que no se puede proceder al remolque, remoción, traslado y custodia de un vehículo sin que previamente se haya ejecutado el proceso de fiscalización formal por parte de la DIGESETT. También dispone que los espacios incluidos en la plataforma correspondiente deben contar con señalización detallada y actualizada.
Esto es fundamental. No debería bastar con que una grúa encuentre un vehículo y considere que está mal estacionado. Debe existir una infracción concreta, una fiscalización formal y elementos que permitan comprobar por qué ese vehículo fue retirado. Porque una cosa es aplicar la ley y otra es aplicar la ley sin dejar espacio para la arbitrariedad.
La inquietud que planteamos no pretende estar en contra de Parquéat RD ni de los operativos destinados a organizar el tránsito.Todo lo contrario.
Si queremos una ciudad ordenada, debemos tener mecanismos efectivos para impedir que vehículos bloqueen aceras, esquinas, accesos, carriles o espacios donde está prohibido estacionarse. Pero el orden también necesita reglas claras.
¿Qué ocurre cuando el propietario llega y sostiene que su vehículo no estaba mal estacionado? ¿Dónde está la evidencia de la infracción? ¿Cómo puede comprobarse exactamente el lugar donde estaba el vehículo? ¿Existía la señalización correspondiente? ¿Quién realizó la fiscalización? ¿A qué hora? ¿Qué fue lo que específicamente motivó el remolque?
Son preguntas sencillas, pero importantes. Por eso considero conveniente que cada vehículo retirado cuente con un registro audiovisual previo al remolque, especialmente cuando el propietario está ausente.
Una fotografía o un video breve podría mostrar la posición exacta del vehículo, la señalización existente, el entorno, la fecha y la hora, y cualquier circunstancia que permita comprobar la infracción.
No se trata de complicar el trabajo de los agentes.Se trata de proteger a todos.
Protege al ciudadano, porque tendrá evidencia de por qué su vehículo fue retirado.
Protege al agente, porque podrá demostrar que actuó correctamente.
Y protege a la propia institución, porque reduce las posibilidades de cuestionamientos, errores o abusos.
Y hay otra pregunta que debemos hacernos: Cuando por cada vehículo remolcado existe un costo operativo de RD$4,000 que ingresa al fideicomiso, resulta razonable que la ciudadanía quiera conocer con absoluta transparencia cómo se contratan las grúas, quién presta esos servicios, cuáles son los costos reales de operación, cómo se fiscalizan los contratos y qué controles existen para evitar que pueda crearse un incentivo para aumentar innecesariamente el número de vehículos remolcados.
No estamos afirmando que exista corrupción.
No estamos acusando a Parquéat RD, a DIGESETT, a INTRANT ni a ninguna otra institución de cometer irregularidades. Estamos señalando algo diferente: cuando un procedimiento público genera ingresos asociados a cada actuación, los controles deben ser suficientemente sólidos para cerrar cualquier brecha que pudiera facilitar un abuso.
La transparencia no debe aparecer después del problema. Debe estar incorporada desde el principio del procedimiento.
Y si la Administración tiene la facultad de retirar un vehículo, el ciudadano debe tener también la posibilidad real de conocer, de manera sencilla y verificable, por qué se lo retiraron y qué evidencia sustenta esa decisión.
Porque el objetivo no puede ser simplemente remolcar más vehículos.El objetivo debe ser conseguir que haya menos vehículos mal estacionados y una ciudad mejor organizada.
Orden sí; arbitrariedad, no
Parquéat RD puede ser una herramienta importante para mejorar la movilidad y enfrentar el déficit histórico de estacionamientos en nuestras ciudades.
Pero toda herramienta pública debe estar acompañada de controles públicos.
Necesitamos estacionamientos suficientes. Necesitamos calles ordenadas. Necesitamos hacer cumplir la ley. Necesitamos sancionar cuando corresponda.
Y también necesitamos garantizar que quien sea sancionado tenga la certeza de que la sanción se produjo porque realmente infringió la norma y no simplemente porque su vehículo se encontraba en determinado lugar.
Por eso, más que cuestionar la existencia de los operativos, debemos reclamar que funcionen con legalidad, evidencia, transparencia, trazabilidad y respeto al ciudadano.
No acusamos corrupción.Advertimos sobre una brecha que podría facilitarla y pedimos que esa brecha sea cerrada con controles.Al final, una ciudad verdaderamente organizada no es aquella donde más vehículos se remolcan.
Es aquella donde las reglas son conocidas, se cumplen, se aplican de manera objetiva y el ciudadano puede confiar en que quien tiene la autoridad para hacerlas cumplir también está sujeto a controles. Porque el orden público y los derechos ciudadanos no tienen por qué ser enemigos.
El verdadero desafío es conseguir que ambos caminen juntos.