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En audio
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Por Darío Nin
¿Qué ocurre cuando el propietario llega y sostiene que su vehículo no estaba mal estacionado? ¿Dónde está la evidencia de la infracción? ¿Cómo puede comprobarse exactamente el lugar donde estaba el vehículo? ¿Existía la señalización correspondiente? ¿Quién realizó la fiscalización? ¿A qué hora? ¿Qué fue lo que específicamente motivó el remolque?
Son preguntas sencillas, pero importantes. Por eso considero conveniente que cada vehículo retirado cuente con un registro audiovisual previo al remolque, especialmente cuando el propietario está ausente.
Una fotografía o un video breve podría mostrar la posición exacta del vehículo, la señalización existente, el entorno, la fecha y la hora, y cualquier circunstancia que permita comprobar la infracción.
No se trata de complicar el trabajo de los agentes. Se trata de proteger a todos.
Protege al ciudadano, porque tendrá evidencia de por qué su vehículo fue retirado. Protege al agente, porque podrá demostrar que actuó correctamente. Y protege a la propia institución, porque reduce las posibilidades de cuestionamientos, errores o abusos.
Y hay otra pregunta que debemos hacernos: Cuando por cada vehículo remolcado existe un costo operativo de RD$4,000 que ingresa al fideicomiso, resulta razonable que la ciudadanía quiera conocer con absoluta transparencia cómo se contratan las grúas, quién presta esos servicios, cuáles son los costos reales de operación, cómo se fiscalizan los contratos y qué controles existen para evitar que pueda crearse un incentivo para aumentar innecesariamente el número de vehículos remolcados.
